La Sociedad Pública de Alquiler (SPA) fue creada en 2005 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda mediante alquileres asequibles y estables. El proyecto, financiado con fondos públicos, acumuló pérdidas millonarias debido a una gestión ineficiente, baja rentabilidad y una estructura insostenible.
Tras años de resultados negativos, la SPA fue liquidada, y su parque de viviendas pasó a manos de distintos organismos del Estado, entre ellos la Tesorería General de la Seguridad Social. La falta de una política clara de continuidad provocó que los inquilinos quedaran en una situación de inseguridad jurídica.
Dos décadas después, el Estado trata ahora esos inmuebles como activos financieros, exigiendo su venta a precio de mercado o el desalojo, trasladando a las familias las consecuencias del fracaso de una política pública de vivienda.