La Inteligencia Artificial ya tiene un marco regulador en España. El Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley para el Buen Uso y la Gobernanza de la IA, una norma que adapta la legislación española al reglamento europeo y que establece qué prácticas estarán permitidas y cuáles quedarán expresamente prohibidas.

Entre las principales novedades figura la obligación de identificar los contenidos generados mediante inteligencia artificial, desde imágenes y vídeos hasta audios manipulados o textos creados por algoritmos. El objetivo es garantizar la transparencia y evitar que los ciudadanos sean engañados por contenidos sintéticos presentados como reales.

La futura ley también prohíbe los denominados deepfakes sexuales realizados sin consentimiento, así como otros usos considerados de riesgo para los derechos fundamentales, como la manipulación subliminal de personas, determinados sistemas de reconocimiento biométrico o la clasificación de ciudadanos por razones ideológicas, religiosas o personales.

Además, las empresas y plataformas que incumplan la normativa se enfrentarán a un severo régimen sancionador. Las infracciones más graves podrán ser castigadas con multas de hasta 35 millones de euros o el 7 % de la facturación mundial de la compañía responsable.

La norma refuerza igualmente la supervisión humana en ámbitos sensibles como la educación, el empleo, la justicia o los servicios públicos. Con esta regulación, España busca impulsar la innovación tecnológica sin renunciar a la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos en la era de la inteligencia artificial.

Despiece | Lo que estará prohibido

* Crear o difundir deepfakes sexuales sin consentimiento.
* Utilizar sistemas de manipulación subliminal de personas.
* Clasificar ciudadanos por ideología, religión o creencias.
* Aplicar determinados sistemas de vigilancia biométrica masiva.
* Ocultar que una imagen, vídeo o audio ha sido generado mediante IA.
* Tomar decisiones de alto impacto sin supervisión humana en sectores sensibles.

La ley inicia ahora su tramitación parlamentaria y marcará las reglas del juego para una tecnología que ya forma parte del día a día de millones de personas.