El Pleno del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ha aprobado una moción impulsada por Drago Verdes Canarias para aplicar un recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas que permanezcan desocupadas de forma permanente en el municipio. La iniciativa salió adelante con el respaldo mayoritario de la corporación y el único voto en contra del Partido Popular.

La medida busca incentivar la incorporación al mercado residencial de inmuebles que actualmente permanecen vacíos, en un contexto marcado por las dificultades de acceso a la vivienda y la escasez de oferta en alquiler.

El acuerdo obliga al consistorio a presentar en un plazo máximo de tres meses una hoja de ruta detallada que incluya el calendario de actuación, las áreas municipales responsables y las posibles dificultades técnicas o jurídicas asociadas a la implantación del recargo.

Además, el Ayuntamiento deberá elaborar una propuesta de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del IBI antes de la aprobación de las próximas ordenanzas tributarias municipales. El texto deberá definir de forma precisa qué se considera una vivienda desocupada conforme a la legislación vigente.

La iniciativa da continuidad a otra moción aprobada en noviembre de 2024, cuando el grupo de gobierno se comprometió a estudiar la viabilidad de aplicar este recargo a propietarios de viviendas vacías. Sin embargo, la medida no llegó a materializarse durante el último año y medio, lo que motivó la presentación de una nueva propuesta para acelerar su puesta en marcha.

Uno de los argumentos que sustentan la iniciativa es la existencia de una bolsa estimada de más de 5.000 viviendas vacías en el municipio, según un estudio encargado por la sociedad municipal MUVISA a la Fundación General de la Universidad de La Laguna.

Para identificar los inmuebles susceptibles de ser gravados, el Ayuntamiento prevé desarrollar un sistema de cruce de datos que combinará información procedente del padrón municipal, el catastro, los consumos de agua y otros registros administrativos. El objetivo es disponer de un procedimiento verificable y con garantías jurídicas suficientes para determinar qué viviendas permanecen efectivamente desocupadas.

La moción también contempla la firma de un convenio con la Dirección General del Catastro y la creación de herramientas de georreferenciación y análisis que permitan localizar y clasificar las propiedades afectadas, especialmente aquellas pertenecientes a grandes tenedores.

Asimismo, el acuerdo vincula la futura aplicación del recargo a políticas públicas destinadas a facilitar el alquiler social, promover la rehabilitación de inmuebles y ofrecer garantías a propietarios que incorporen sus viviendas al mercado residencial.

La futura ordenanza incluirá excepciones para aquellos casos en los que la vivienda permanezca vacía por causas justificadas. Entre ellas figuran los traslados temporales por motivos laborales o académicos, situaciones de dependencia o salud, emergencias sociales, inmuebles destinados a segunda residencia y viviendas inmersas en procedimientos judiciales o administrativos pendientes de resolución.