La recta final del juicio del caso mascarillas ha dejado al descubierto tensiones dentro de la propia Fiscalía por el tratamiento judicial de Víctor de Aldama. Aunque la nueva fiscal general del Estado intentó frenar una rebaja mayor de condena para el empresario, el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón defendió ante el Tribunal Supremo que sigue siendo “posible” premiar aún más su colaboración con la Justicia.

Anticorrupción había llegado a valorar una reducción más amplia de pena por la información aportada por Aldama sobre la presunta trama de comisiones y contratos irregulares vinculados al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García. Finalmente, sin embargo, se mantuvo la petición inicial de siete años de prisión tras la intervención de la nueva jefatura fiscal.

Durante la vista, Luzón insistió en que la confesión del empresario y su cooperación han servido para esclarecer piezas clave de la supuesta organización investigada y que ese grado de colaboración puede justificar beneficios penales mayores.

El choque interno dentro de la Fiscalía añade todavía más presión política y judicial a uno de los procedimientos más delicados de los últimos años, con derivadas directas sobre el PSOE y el entorno del antiguo Ministerio de Transportes.