A escasos días de que entre en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo, los gobiernos de Canarias y Euskadi han reclamado más información, participación y garantías sobre su aplicación, al considerar que persisten numerosas incógnitas sobre el alcance real de las nuevas normas y sus efectos en los territorios que gestionan los flujos migratorios.

Durante una jornada celebrada este viernes en Madrid, ambas comunidades autónomas expresaron su preocupación por la falta de concreción en aspectos clave como la distribución de responsabilidades, la financiación, la protección de colectivos vulnerables y el papel que desempeñarán las regiones en la puesta en marcha del nuevo marco europeo. La consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, advirtió de que el pacto “va a modificar el tablero de juego” y defendió que Euskadi “no pide privilegios, sino claridad”.

Melgosa insistió en que las decisiones relacionadas con la política migratoria no pueden adoptarse desde una visión centralizada alejada de la realidad de los territorios. A su juicio, tanto Canarias como Euskadi afrontan desafíos específicos derivados de las rutas migratorias y necesitan conocer con precisión los procedimientos, recursos y competencias que acompañarán la aplicación del acuerdo europeo. “La solidaridad no puede ser solo una palabra bonita. La solidaridad debe tener agenda, presupuesto, gobernanza y corresponsabilidad”, afirmó.

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, alertó de que el nuevo pacto podría incrementar la presión sobre las regiones fronterizas y cuestionó algunos de los mecanismos de solidaridad previstos en el texto comunitario. En este sentido, mostró su inquietud ante la posibilidad de que determinados países puedan compensar económicamente su negativa a acoger migrantes, una situación que, según sostuvo, podría generar una “Europa pobre o fronteriza donde los derechos humanos, la dignidad, la atención o los derechos de la infancia pasen a un segundo plano”.

El dirigente canario consideró además que el reglamento de triaje previsto en el pacto podría prolongar hasta seis meses la estancia de los migrantes en territorios de entrada como Canarias, frente al periodo aproximado de un mes que se registra actualmente. Esta circunstancia, explicó, supondría una mayor presión sobre los recursos públicos, los trabajadores de las administraciones y las organizaciones que prestan asistencia.

Clavijo lamentó también que ni las comunidades autónomas ni el Gobierno canario hayan sido consultados durante la elaboración de las medidas de aplicación del pacto. “Seguimos sin herramientas o instrucciones sobre cómo vamos a afrontar esta situación” a partir del 12 de junio, señaló, al tiempo que criticó la ausencia de representantes del Gobierno central en la jornada celebrada en Madrid. “Esta ausencia no ayuda”, añadió.

El encuentro reunió a cerca de medio centenar de organizaciones sociales y entidades especializadas en atención a personas migrantes. Bajo el título Pacto Europeo de Migración y Asilo: Retos e incertidumbre ante su inminente implementación, la cita fue organizada por el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo vasco con el objetivo de analizar los desafíos que plantea la entrada en vigor del acuerdo.

A lo largo de la jornada, expertos y representantes de organizaciones como CEAR, ACCEM, CEPAIM y Save the Children coincidieron en señalar que el texto europeo contiene lagunas e imprecisiones que podrían complicar su aplicación práctica. Entre los asuntos abordados destacaron los procedimientos de asilo en frontera, las políticas de retorno, la protección de la infancia migrante y la adaptación de los sistemas de acogida a las nuevas directrices comunitarias.

La investigadora del Real Instituto Elcano Carmen González Enríquez destacó, por su parte, el endurecimiento progresivo de las políticas migratorias en Europa desde la aprobación del pacto en 2024 y el creciente impulso a fórmulas de externalización en la gestión de solicitantes de asilo.

Canarias afronta este debate en un contexto especialmente sensible. Según recordó Clavijo, el archipiélago tutela actualmente a cerca de 3.000 menores migrantes y, en los últimos cinco años, unas 165.000 personas han accedido a Europa a través de la ruta atlántica. El presidente regional aprovechó además para reclamar un acuerdo europeo específico que permita distribuir a los menores migrantes no acompañados entre los distintos Estados miembros y garantizar una atención diferenciada respecto a la población adulta.

La entrada en vigor del pacto coincidirá además con la visita del papa León XIV a Canarias, un acontecimiento que el presidente autonómico espera que contribuya a reforzar el mensaje de solidaridad y respeto a los derechos humanos hacia quienes migran en busca de mejores oportunidades.