La reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional ha vuelto a encender el debate económico en España. Para 2026 se sitúa en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, beneficiando a millones de trabajadores con menores ingresos. Pero, como casi siempre en economía, la pregunta clave no es solo si la medida es buena o mala, sino en qué contexto funciona mejor y dónde puede generar tensiones.
Desde el lado positivo, el salario mínimo tiene un objetivo claro: proteger a los trabajadores más vulnerables. Ya lo defendía el economista John Maynard Keynes, quien señalaba que aumentar la renta de los hogares con menor poder adquisitivo tiende a impulsar el consumo y, por tanto, la actividad económica.
En España, las subidas acumuladas del SMI desde 2018 han coincidido con un mercado laboral que, en términos generales, ha seguido creando empleo. Muchos estudios recientes apuntan a que incrementos moderados del salario mínimo pueden reducir la desigualdad sin provocar necesariamente destrucción masiva de puestos de trabajo.
Ahora bien, la teoría económica clásica introduce cautelas. El Nobel Milton Friedman advertía de que, si se fija un salario por encima de la productividad de algunos trabajadores, las empresas pueden reaccionar contratando menos o ajustando costes por otras vías. Es el argumento tradicional contra subidas rápidas del SMI.
¿Dónde entra Canarias en este debate? Aquí aparecen matices importantes.
La economía canaria presenta tres rasgos diferenciales:
Primero, un peso muy elevado de sectores de baja productividad y alta intensidad laboral, especialmente el turismo y la hostelería.
Segundo, una estructura empresarial dominada por pequeñas y medianas empresas, que suelen tener menos margen para absorber aumentos de costes salariales.
Y tercero, unos salarios medios históricamente más bajos que la media nacional, lo que hace que el SMI tenga más impacto relativo en las islas que en otras comunidades.
¿Qué implica esto? Por un lado, la subida del SMI puede tener un efecto social especialmente positivo en Canarias, porque eleva ingresos precisamente en los segmentos donde más se necesita y puede sostener el consumo local, algo clave en economías insulares.
Pero, por otro lado, también puede generar más presión sobre determinadas pymes, especialmente en hostelería, comercio o servicios intensivos en mano de obra, donde los márgenes son estrechos y la productividad crece lentamente.
La evidencia empírica moderna nos da una pista importante: el impacto del salario mínimo depende mucho del ritmo y del contexto económico.
- Cuando las subidas son graduales y la economía crece, los efectos negativos sobre el empleo suelen ser pequeños.
- Cuando las subidas son bruscas o coinciden con momentos de debilidad empresarial, el riesgo aumenta, sobre todo para jóvenes y trabajadores poco cualificados.
En el caso canario, además, hay un factor adicional: la productividad regional lleva años creciendo más despacio que el salario mínimo, lo que obliga a vigilar con especial atención la evolución del mercado laboral en los sectores más sensibles.
Por eso, muchos economistas —entre ellos el Nobel Paul Krugman— insisten en que el salario mínimo puede ser una herramienta útil, pero no debe actuar en solitario. Necesita acompañarse de políticas que mejoren la productividad, la formación laboral y el tamaño empresarial.
En conclusión, la subida del SMI en España tiene beneficios claros en términos de renta y reducción de desigualdad, algo especialmente relevante para Canarias, pero también plantea retos reales para parte del tejido empresarial, sobre todo en sectores de bajo margen.
La clave económica no está en posiciones absolutas, sino en el equilibrio: subir salarios para mejorar el bienestar sin perder de vista la productividad que los sostiene.
Porque, al final, la pregunta no es solo cuánto sube el salario mínimo… sino si la economía es capaz de sostenerlo en el tiempo.
Jordi Bercedo
Economista