La investigación judicial sobre el rescate de Plus Ultra ha incorporado información procedente de Estados Unidos, un elemento que añade una dimensión internacional a una de las causas con mayor impacto político de los últimos meses. La Audiencia Nacional ha incluido en las diligencias datos obtenidos a través de los mecanismos de cooperación judicial con las autoridades norteamericanas, documentación que forma parte del material analizado por los investigadores para esclarecer el destino de determinados fondos y las relaciones entre los distintos implicados.

El procedimiento, dirigido por el magistrado José Luis Calama, trata de determinar si existieron irregularidades en torno al rescate público de 53 millones de euros concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la aerolínea durante la crisis derivada de la pandemia. Dentro de esa investigación figura como investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha rechazado las acusaciones y sostiene que toda su actividad profesional se desarrolló dentro de la legalidad.

Las últimas novedades judiciales coinciden además con la comparecencia en el Senado del auditor de Plus Ultra, Jesús Ángel Carbajo. Durante su intervención confirmó que la contabilidad de la compañía reflejaba el pago de una comisión del 1% vinculada a la operación de rescate, aunque negó haber recibido presiones para modificar auditorías o alterar la situación económica de la empresa.

Los investigadores analizan ahora el conjunto de comunicaciones, documentos y movimientos económicos incorporados al procedimiento, incluidos los datos remitidos desde Estados Unidos, para determinar si existen indicios suficientes que permitan avanzar hacia nuevas decisiones procesales.

La causa continúa en fase de instrucción y no existe por el momento ninguna resolución judicial firme sobre los hechos investigados. Mientras tanto, la cooperación internacional se ha convertido en una de las piezas relevantes de una investigación que sigue creciendo y que mantiene el foco político y judicial sobre el rescate de Plus Ultra