La muerte de dos agentes de la Guardia Civil durante un operativo contra el narcotráfico en las costas de Huelva ha vuelto a colocar al Ministerio del Interior en el centro de la polémica. El suceso, ocurrido durante una persecución marítima a una narcolancha, ha reactivado con fuerza la reclamación histórica de asociaciones y sindicatos del cuerpo para que Guardia Civil y Policía Nacional sean reconocidos oficialmente como profesión de riesgo.

Las organizaciones profesionales denuncian que el avance del narcotráfico en el sur de España ha elevado de forma notable la peligrosidad de los operativos, especialmente en el mar, donde aseguran que las mafias cuentan cada vez con más medios, embarcaciones más potentes y redes criminales mejor organizadas. Tras la tragedia, colectivos como AUGC o Jucil han vuelto a reclamar más medios materiales, refuerzo de plantillas y un respaldo jurídico que permita mejorar las condiciones laborales y las jubilaciones anticipadas de los agentes.

El debate no es nuevo. Después de la tragedia de Barbate en 2024, cuando otros dos guardias civiles murieron arrollados por una narcolancha, el Congreso ya abordó iniciativas para declarar profesión de riesgo a los cuerpos policiales estatales. Sin embargo, la medida nunca llegó a materializarse por parte del Gobierno central.

Desde Interior, el ministro Fernando Grande-Marlaska sostiene que se han incrementado recursos y efectivos en la lucha contra el narcotráfico, aunque las críticas se han intensificado tras este nuevo golpe. Asociaciones de agentes consideran que las muertes de Huelva reflejan una situación “límite” en determinadas zonas del país y advierten de que el problema “no es puntual, sino estructural”.

La tragedia ha vuelto además a abrir un intenso debate político y social sobre la protección de quienes participan en primera línea en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en España.