La presión judicial vuelve a crecer alrededor del Gobierno de Pedro Sánchez. El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa ahora el foco sobre Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y una de las personas de máxima confianza del presidente durante años, al vincularlo con el llamado caso Leire Díez.

Según los investigadores, Serrano habría mantenido una relación estrecha con la exmilitante socialista Leire Díez y su llegada a Correos habría formado parte de una estrategia dentro de una red investigada que, presuntamente, buscaba influir en escenarios relacionados con causas judiciales que afectaban al PSOE y al Ejecutivo.

El caso añade una nueva piedra en el camino político de Sánchez, que en los últimos meses ha defendido una etapa de regeneración y “limpieza” frente a los distintos frentes abiertos. Sin embargo, cada nuevo informe judicial reduce su margen político y vuelve a colocar el debate sobre la ejemplaridad pública en el centro de la escena nacional.

La investigación deberá determinar ahora el alcance real de las actuaciones y las responsabilidades de cada implicado, pero el impacto político ya está servido: la oposición señala que el círculo de confianza del presidente aparece cada vez más cerca de las investigaciones, mientras el Gobierno insiste en separar las responsabilidades individuales de la acción del Ejecutivo.

El problema de la confianza

Para Sánchez, el mayor desgaste no llega solo de los tribunales, sino de la acumulación de nombres conocidos en diferentes investigaciones. Cada nuevo capítulo complica el relato de regeneración y convierte la “limpieza moral” prometida en uno de los grandes campos de batalla de la legislatura.