La política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a abrir una brecha con varios socios de la Unión Europea. Mientras buena parte del continente endurece su discurso y sus medidas sobre inmigración, España mantiene una hoja de ruta diferente, marcada por la regularización de inmigrantes y por el nuevo plan de integración dotado con 505 millones de euros.

Varios países europeos han expresado sus reservas ante la decisión española, al considerar que una regularización amplia puede tener efectos sobre el conjunto del espacio comunitario. La crítica principal es que una medida de este calado no afecta solo a España, sino también a la libre circulación dentro de la Unión.

El Ejecutivo defiende, sin embargo, que la inmigración es necesaria para sostener el crecimiento económico, el empleo y el futuro demográfico del país. Sánchez insiste en que España necesita integrar mejor a quienes ya viven y trabajan en el territorio nacional.