La próxima visita del Papa a España, prevista para junio, ya tiene cifra sobre la mesa: al menos 15 millones de euros para cubrir una semana de actos en distintos puntos del país. Así lo ha reconocido la Conferencia Episcopal, que además ha confirmado un modelo de financiación desigual según el territorio.
Canarias será la excepción. El Gobierno de Canarias y los cabildos de Gran Canaria y Tenerife asumirán parte del coste con dinero público, en lo que se presenta como una apuesta institucional por el impacto económico, turístico e internacional del evento.
En cambio, en la Península el planteamiento es distinto. La organización ha dejado claro que no habrá financiación pública directa, y que el evento se sostendrá a través de donaciones privadas, aportaciones de fieles y patrocinadores.
Este modelo mixto sitúa a Canarias en el centro del debate. Mientras las instituciones defienden el retorno económico —que podría superar ampliamente la inversión—, surgen críticas por el uso de recursos públicos en un evento de carácter religioso en un contexto de presión fiscal y necesidades sociales.
La visita, más allá de su dimensión espiritual, abre así un frente político: quién paga… y por qué.