Desde este 1 de enero, los conductores en España estarán obligados a sustituir los tradicionales triángulos de emergencia por las balizas luminosas V16 conectadas. Una medida impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT) en nombre de la seguridad vial que, además, ha abierto la puerta a un mercado que ya mueve más de 300 millones de euros.
A partir de mañana, todos los vehículos que circulen por las carreteras españolas deberán contar obligatoriamente con una baliza V16 homologada y conectada, un dispositivo luminoso que se coloca sobre el techo del coche en caso de avería o accidente y que envía automáticamente la ubicación del vehículo a la plataforma de tráfico de la DGT.
El objetivo oficial es reducir los atropellos y accidentes secundarios, evitando que los conductores tengan que bajar del vehículo para señalizar la incidencia. Sin embargo, la medida no ha estado exenta de polémica, tanto por su carácter obligatorio como por el impacto económico que ha generado.
Según estimaciones del sector, la implantación de las balizas V16 ha supuesto un negocio superior a los 300 millones de euros, impulsado por la venta masiva de dispositivos, la certificación obligatoria y la concentración del mercado en un número reducido de fabricantes homologados. El precio de cada baliza oscila entre los 40 y 60 euros, lo que ha obligado a millones de conductores a realizar una compra forzosa en un corto periodo de tiempo.
Desde asociaciones de automovilistas se critica la falta de ayudas, la escasa información inicial y el hecho de que dispositivos adquiridos hace apenas unos años hayan quedado obsoletos por no contar con conectividad. Mientras tanto, la DGT defiende que la medida es “un paso decisivo hacia una movilidad más segura y conectada”.
Con la entrada en vigor de la norma, España se convierte en el primer país europeo en imponer de forma obligatoria este tipo de señalización digital, marcando un precedente que, para muchos, mezcla seguridad vial y un negocio millonario difícil de ignorar.