El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria devolverá las cantidades abonadas por los contribuyentes en concepto de la nueva tasa de recogida de residuos, después de decidir no recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anuló la ordenanza que regulaba este tributo. La resolución judicial será firme y el Consistorio volverá a aplicar la normativa anterior hasta aprobar un nuevo texto.

La alcaldesa, Carolina Darias, explicó que el gobierno municipal ha optado por no presentar recurso con el objetivo de evitar prolongar la litigiosidad existente sobre este tipo de tasas, un escenario que, a su juicio, quedará aclarado cuando el Tribunal Supremo unifique doctrina. Mientras tanto, el Ayuntamiento habilitará un formulario para que los ciudadanos puedan solicitar la devolución de los importes abonados dentro de los 30 días posteriores a la notificación o al pago.

En aquellos casos en los que ese plazo ya haya finalizado, el Consistorio iniciará de oficio el procedimiento correspondiente para revisar los pagos realizados, conforme a la normativa de gestión tributaria.

Durante su comparecencia, Darias defendió que la ordenanza se elaboró para dar cumplimiento a la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, utilizando «los pocos criterios objetivos disponibles» y teniendo en cuenta la diversidad de pronunciamientos judiciales existentes sobre esta materia.

La alcaldesa explicó que, ante la imposibilidad de disponer de datos individualizados sobre la generación de residuos, el Ayuntamiento optó por establecer una cuota fija para sufragar los costes estructurales del servicio y otra variable calculada a partir de una estimación de generación. Asimismo, sostuvo que el informe técnico-económico empleado para fijar la tasa «no partió de algo abstracto, sino de la realidad del servicio y de estudios externos de generación que fueron usados como bibliografía».

No obstante, el TSJC concluyó, al resolver uno de los recursos presentados contra la ordenanza, que la regulación aprobada por el Ayuntamiento «no es conforme a derecho».

La regidora subrayó que la situación no es exclusiva de la capital grancanaria, ya que otros municipios también afrontan procedimientos judiciales relacionados con la aplicación de la normativa estatal sobre residuos y existen resoluciones con criterios diferentes.

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, de las 169.105 liquidaciones previstas se habían notificado 16.857, mientras que 35.002 ya habían sido abonadas, por un importe cercano a los cinco millones de euros. Además, la ordenanza recibió alrededor de 700 recursos.

Darias rechazó que la tasa prevista para Las Palmas de Gran Canaria fuera la más elevada del país y señaló que existen municipios con importes superiores, citando como ejemplo Girona y Agaete.

El gobierno municipal iniciará ahora la elaboración de una nueva ordenanza, para lo que analizará otras tasas que no han sido cuestionadas por los tribunales y la evolución de la jurisprudencia. El objetivo, según explicó la responsable de Gestión Tributaria, Guadalupe Betancor, será definir «cómo nos repartimos los que cuesta el servicio».