El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto sobre la mesa un paquete de 10 medidas urgentes para hacer frente al grave problema de acceso a la vivienda que sufre la capital. La alcaldesa, Carolina Darias, advirtió de que el mercado residencial atraviesa una situación “crítica”, con precios del alquiler disparados y una oferta cada vez más limitada para las familias y los jóvenes.
El Consistorio considera que la ciudad cumple los requisitos legales para ser declarada zona de mercado residencial tensionado, por lo que ha reiterado al Gobierno de Canarias la necesidad de activar este mecanismo previsto en la Ley estatal de Vivienda. Esta declaración permitiría aplicar herramientas de contención de precios y reforzar la protección a los inquilinos.
Desde el Ayuntamiento se insiste en que la política municipal actúa sobre la oferta pública, el control del mercado y la movilización de vivienda vacía, pero subrayan que sin la declaración autonómica de zona tensionada “faltan instrumentos clave” para frenar la escalada de precios. El objetivo, señalan, es garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible en una ciudad donde el acceso a un alquiler se ha convertido en uno de los principales problemas sociales.