El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido plantar batalla en los tribunales para evitar un fuerte impacto económico en sus cuentas. El Consistorio ha presentado un recurso contra la sentencia que le obliga a activar con carácter retroactivo el sistema de evaluación del desempeño de su plantilla y abonar las cantidades correspondientes en concepto de productividad.
La aplicación de este fallo supondría un desembolso cercano a los 11 millones de euros, una cifra que el gobierno municipal considera inasumible en los términos planteados. Desde la Asesoría Jurídica se sostiene que la resolución es “gravemente perjudicial para el interés público y contraria a Derecho”.
El conflicto se centra en la obligación de aplicar el sistema desde 2021, lo que abriría la puerta a pagos acumulados a los empleados públicos. El Ayuntamiento defiende que esta retroactividad compromete la estabilidad financiera de la institución.
El caso entra ahora en una nueva fase judicial que marcará no solo el futuro de este pago millonario, sino también el alcance de las obligaciones de las administraciones en materia de retribuciones y evaluación del desempeño.