La Diputada del Común, Lola Padrón, ha reclamado un incremento del 7 % en el presupuesto de la institución para 2027 con el objetivo de reforzar sus medios técnicos y de personal ante el aumento de las reclamaciones ciudadanas, que crecieron un 12 % el pasado año y ya rondan las 3.300 en lo que va de este ejercicio.

Padrón ha trasladado este miércoles a la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, las principales líneas de actuación de la institución para 2027, centradas en reforzar la atención a la ciudadanía, desarrollar nuevos programas, consolidar la mediación y avanzar hacia una defensoría más cercana, moderna, inclusiva y accesible.

La responsable de la institución ha explicado a EFE que el presupuesto lleva “muchísimos años” congelado, una situación que, a su juicio, dificulta responder al incremento de la actividad y abordar problemas que trascienden las reclamaciones individuales.

Padrón ha señalado que la Diputada del Común no puede limitar su función a tramitar quejas, puesto que detrás de muchas de ellas aparecen situaciones que afectan a colectivos más amplios y que requieren la intervención de especialistas que actualmente no forman parte de la plantilla.

La institución dispone actualmente de doce trabajadores, por lo que ha defendido la incorporación de nuevos medios y profesionales. En paralelo, ha planteado dar una estructura estable al programa de mediación que desarrolla desde hace dos años y que pretende reforzar como una herramienta de resolución de conflictos entre ciudadanos y administraciones.

Otro de los proyectos anunciados para 2027 es la puesta en marcha de una Escuela de Ciudadanía en La Palma. La iniciativa pretende recuperar el espacio de la Diputación del Común en la isla como lugar de encuentro e intercambio entre jóvenes y mayores procedentes de distintos puntos del archipiélago, además de promover el conocimiento y la defensa de los derechos fundamentales.

Padrón también ha situado entre las prioridades la candidatura de Canarias para albergar en 2028 un encuentro internacional de defensorías del pueblo de todo el mundo. La responsable de la institución considera que convertir al archipiélago en un punto de referencia internacional en materia de derechos humanos supondría un acontecimiento de relevancia y ha advertido de que su organización también requerirá recursos económicos.

La candidatura cuenta, según ha detallado, con el respaldo de los cabildos de La Palma y Tenerife, el Parlamento y el Gobierno de Canarias, además de los ayuntamientos de Santa Cruz de La Palma y Santa Cruz de Tenerife.

La modernización tecnológica constituye otra de las demandas planteadas por Padrón, que ha alertado de las dificultades que generan unos sistemas informáticos que considera obsoletos. En este ámbito, ha advertido de que no se puede depender del “voluntariedad” de los trabajadores para solucionar problemas derivados de estas carencias.

La Diputada del Común ha defendido además un cambio en el modelo de atención, de manera que la institución no se limite a recibir y gestionar reclamaciones, sino que también acompañe a los ciudadanos y les oriente sobre los pasos que deben seguir ante las distintas administraciones públicas.

En este sentido, Padrón ha reclamado también una reducción de la burocracia que considera excesiva. Ha admitido que los controles son necesarios al tratarse de fondos públicos, pero ha advertido de que un exceso de trámites puede “asfixiar los servicios públicos” y dificultar los proyectos destinados a mejorar la relación entre las instituciones y la ciudadanía.

La responsable de la Diputación del Común ha reconocido que la modificación de la estructura y del funcionamiento de la institución puede generar resistencias, aunque ha defendido que el objetivo es adaptar la entidad al incremento de las demandas ciudadanas y avanzar hacia un modelo de defensoría con mayor capacidad de respuesta y más próximo a la población.