La Asociación Social Volcán Cumbre Vieja, que representa a damnificados por la erupción del Tajogaite en La Palma, ha denunciado las diferencias en los plazos de pago de las compensaciones económicas, la falta de transparencia sobre los criterios de abono y la incertidumbre que persiste sobre el futuro de las propiedades cuyo uso continúa restringido más de cinco años después de la catástrofe.

El colectivo sostiene que las interrupciones en el desembolso de las ayudas han generado «agravios comparativos» entre familias que han sufrido pérdidas similares. Según advierte, quienes han cobrado más tarde se encuentran en una situación de desventaja para adquirir viviendas o terrenos y recuperar sus actividades económicas, debido al encarecimiento de los precios y a la presión sobre el mercado inmobiliario de la isla.

La asociación asegura que propuso distribuir proporcionalmente cada partida de fondos públicos entre todos los damnificados, de manera que cada familia recibiera una parte de la compensación reconocida hasta completar la cantidad correspondiente con las sucesivas remesas presupuestarias. Sin embargo, afirma que esta propuesta «no fue escuchada por las autoridades».

Otra de las principales reivindicaciones se refiere a los propietarios que no pueden recuperar el uso de sus parcelas por las restricciones derivadas del riesgo volcánico o de las medidas de protección ambiental. El colectivo reclama garantías sobre las compensaciones que recibirán quienes no puedan volver a utilizar sus terrenos y denuncia que todavía existen dificultades de acceso a determinadas fincas.

En este ámbito, también cuestiona los criterios seguidos para construir caminos y carreteras en unas zonas de las coladas antes que en otras. Según la asociación, algunos sectores disponen ya de vías de comunicación cercanas mientras otros continúan sin acceso, pese a presentar, a su juicio, condiciones geológicas similares. Por ello, pide conocer qué razones de interés público han determinado estas actuaciones.

La ampliación de la protección ambiental en el entorno de la erupción constituye otro de los asuntos que preocupan a los afectados. En marzo de 2026, el Gobierno de Canarias sometió a información pública el anteproyecto para ampliar el Parque Natural de Cumbre Vieja sobre el cono del Tajogaite, las fisuras eruptivas y el campo lávico, además de plantear la protección de los dos deltas formados durante la erupción.

La asociación considera que estas decisiones deben acompañarse de información clara sobre las consecuencias para los propietarios y las compensaciones previstas. Asimismo, sostiene que siguen pendientes pagos por fincas, charcas, cuartos de aperos y bodegas.

El colectivo también considera insuficiente el respaldo económico destinado a los negocios sepultados por la lava para reconstruir sus instalaciones, en comparación con las ayudas dirigidas a actividades que quedaron paralizadas por los gases u otras consecuencias de la erupción.

En materia de transparencia, los afectados reclaman conocer los criterios que determinan el orden de los pagos y las razones por las que algunas personas reciben las compensaciones antes que otras. La asociación señala que la falta de publicación de la identidad de los beneficiarios de las ayudas del Gobierno canario por las construcciones perdidas mantiene abierto otro foco de controversia.

La cuestión enfrenta al Ejecutivo autonómico, que invoca la protección de la privacidad recogida en la nueva Ley de Volcanes, con el Comisionado de Transparencia de Canarias, que ha requerido la publicación de esos datos. El asunto se encuentra judicializado y serán los tribunales los que determinen si deben hacerse públicos los nombres de los perceptores.

La participación de los damnificados en las decisiones sobre la reconstrucción es otra de las exigencias del colectivo. La asociación reclama que se convoque el Consejo para la Recuperación Económica y Social de La Palma, previsto en la Ley 2/2024 como órgano de diálogo, información y consulta para trasladar propuestas a las administraciones y realizar un seguimiento de las inversiones públicas. Según denuncia, este foro todavía no se ha reunido.

La organización afirma que ha mantenido «una actitud prudente, sabedora de las dificultades que entraña la tramitación administrativa de la reconstrucción», pero advierte del impacto prolongado de la situación sobre las familias afectadas.

«Actuaciones, que creemos injustas, por parte de quienes gobiernan nos está sepultando el alma, el amor propio, nuestra salud», señala la Asociación Social Volcán Cumbre Vieja, que describe la incertidumbre acumulada como «otro volcán» por el desgaste económico, emocional y sanitario que, asegura, sufren los damnificados.