El Congreso de los Diputados ha dado un golpe sobre la mesa. Casi un año después de haberla admitido a trámite, la Cámara reactivará el próximo martes 11 de noviembre la proposición de ley impulsada por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG para frenar el fraude de los contratos de alquiler temporales y de habitaciones, una de las grietas legales más explotadas por los propietarios especuladores.
La medida llega tras meses de tensión política entre el PSOE y sus socios de izquierda, que acusan al Gobierno de haber dilatado el debate bajo la presión de los grandes tenedores y del lobby inmobiliario. “No se puede seguir tolerando que se camuflen contratos permanentes bajo la etiqueta de alquiler de temporada”, denuncian desde Sumar.
El Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, celebra la reactivación de la ley y asegura que la regulación “es imprescindible para acabar con el fraude que ha convertido el alquiler en una selva sin reglas claras”.
Fin de los contratos trampa
La reforma propone modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para equiparar los contratos temporales a los de vivienda habitual. Así, los arrendadores deberán justificar la necesidad real de temporalidad, en términos similares a los exigidos en la legislación laboral.
Además, el texto fija que ningún contrato de temporada podrá superar los nueve meses. Si se encadenan varios contratos consecutivos o se excede ese plazo, se considerará automáticamente un arrendamiento de vivienda habitual, con todas las garantías y prórrogas que la ley otorga al inquilino.
La era de los abusos llega a su fin
La norma también refuerza el control sobre los alquileres por habitaciones, un modelo que ha servido en muchos casos para multiplicar precios y dividir viviendas en condiciones precarias.
“Hay propietarios que se creyeron por encima de la ley, usando la palabra ‘temporal’ para saltarse las normas. Esa etapa se acabó”, afirman fuentes de Vivienda.
