La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha lanzado este jueves un contundente mensaje frente a las acusaciones de que los jueces actúan movidos por intereses políticos y ha advertido de las consecuencias que, a su juicio, tienen este tipo de señalamientos para el sistema judicial y el Estado de derecho.

«Una imputación de extraordinaria gravedad, que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva», ha afirmado Perelló durante su discurso en el acto de apertura del Año Judicial, presidido por el rey Felipe VI en el Tribunal Supremo.

La presidenta del CGPJ ha denunciado «las acusaciones expresas generalizadas de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por las razones jurídicas que expresan sus resoluciones». A su juicio, este tipo de acusaciones «compromete el Estado de derecho».

Sus palabras llegan en un momento especialmente delicado en las relaciones entre el Poder Judicial y el Gobierno, marcado por varios enfrentamientos institucionales y por las críticas del Ejecutivo a recientes decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo.

El acto de apertura del Año Judicial ha reunido en el Salón de Plenos del Supremo a las principales autoridades del Estado. Entre los asistentes se encuentran miembros del Gobierno, encabezados por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, representantes de la alta magistratura y dirigentes políticos como el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Perelló reclama una respuesta para Ceuta

La situación de Ceuta también ha ocupado un lugar destacado en la intervención de la presidenta del CGPJ. Perelló ha trasladado un recuerdo especial a las personas «que han fallecido en la grave crisis en la que está sumida Ceuta».

Ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma, ha defendido la necesidad de combinar el control de las fronteras con el respeto a las garantías legales. La presidenta del Poder Judicial ha señalado que la población ceutí necesita una respuesta que permita mantener el control de los accesos y, al mismo tiempo, proteger los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

A su juicio, la realidad de la ciudad «exige una respuesta que preserve la integridad de nuestras fronteras y el control ordenado de los accesos, y que asegure, al mismo tiempo, la aplicación de las garantías previstas en nuestro ordenamiento».

Perelló ha querido trasladar además un mensaje de confianza en la actuación de los tribunales. «En una situación tan complicada, los ciudadanos pueden confiar en el compromiso del Poder Judicial con el Estado; y en que los jueces van a seguir trabajando, velando por los derechos de los afectados y por el cumplimiento de la ley», ha asegurado.

Un acto marcado por el enfrentamiento institucional

La ceremonia se ha celebrado bajo un clima de elevada tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Entre los asuntos que han contribuido a aumentar el enfrentamiento figura la reciente decisión del Tribunal Supremo de suspender las altas en el censo electoral vinculadas a la denominada ley de nietos, resolución que provocó una fuerte reacción por parte del Gobierno.

A este episodio se añade la controversia generada por la investigación judicial relacionada con la crisis migratoria de Ceuta. El conflicto derivó incluso en un intercambio de cartas entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la propia Isabel Perelló, quien reclamó respeto hacia las decisiones adoptadas por los tribunales.

En este escenario, el discurso de Perelló ha servido para reivindicar la independencia judicial y advertir de la gravedad de atribuir motivaciones políticas a las resoluciones de jueces y tribunales, mientras la relación entre las instituciones continúa marcada por la tensión.