Pedro Sánchez superó este martes una de las comparecencias más complicadas de la legislatura gracias a una realidad política que quedó patente en el Congreso: sus socios están cada vez más incómodos con los escándalos que afectan al PSOE, pero ninguno quiere asumir el coste de provocar la caída del Gobierno.

ERC, Sumar, Bildu, PNV y otras formaciones que sostienen la mayoría de investidura endurecieron sus críticas al presidente. Hubo reproches por la gestión de los casos de corrupción, exigencias de más explicaciones y llamadas a reforzar los mecanismos de control, pero nadie reclamó formalmente la dimisión de Sánchez ni la convocatoria de elecciones anticipadas.

La única excepción fue Junts, que volvió a marcar distancias y llegó a plantear la posibilidad de un relevo en la Presidencia del Gobierno sin necesidad de pasar por las urnas. Sin embargo, tampoco la formación de Carles Puigdemont dio pasos concretos para romper la actual mayoría parlamentaria.

Detrás de esta actitud existe una razón evidente. Los socios necesitan demostrar a sus votantes que no comparten ni justifican los problemas que afectan al PSOE, pero también saben que una caída del Ejecutivo podría abrir la puerta a un Gobierno del PP con Vox y poner fin a buena parte de los acuerdos políticos alcanzados durante la legislatura.

Por eso, mientras aumentan las críticas públicas, mantienen intacto el respaldo parlamentario. La legislatura entra así en una nueva fase: más tensión, más desconfianza y más distancia entre los socios, pero sin voluntad real de romper. Al menos por ahora. Porque, más allá de las diferencias, todos son conscientes de que si el Gobierno cae, también se les cae el chiringuito político construido alrededor de la actual mayoría de investidura.