El Gobierno de Canarias ha expresado su profundo malestar con el Ejecutivo estatal tras las declaraciones del ministro Ángel Víctor Torres, a quien acusa de minimizar una situación que el Archipiélago considera ya crítica y estructural.
Actualmente, Canarias atiende a más de 4.500 menores migrantes no acompañados, cuando la capacidad real del sistema autonómico apenas alcanza las 1.500 plazas, según datos oficiales del propio Ejecutivo regional. Una presión asistencial que, denuncian, no puede sostenerse solo con parches normativos ni con declaraciones políticas.
Desde el Gobierno canario se subraya que el llamado decreto estatal no responde a la emergencia real ni garantiza una derivación solidaria y obligatoria al resto de comunidades autónomas. “No es un debate ideológico, es una cuestión de capacidad y de dignidad institucional”, señalan fuentes del Ejecutivo.
Canarias insiste en que no pide privilegios, sino corresponsabilidad del Estado ante una frontera sur que es europea y una emergencia humanitaria que ya supera cualquier relato complaciente.