La tensión en torno a la nueva regulación turística en Canarias vuelve a dispararse. Más de 200.000 propietarios y residentes en complejos turísticos denuncian que la legislación vigente y su desarrollo actual les obliga, de facto, a ceder la explotación de sus viviendas a empresas turísticas, dejándolos sin control sobre su propio patrimonio. Este lunes, varias plataformas de afectados volvieron a exigir al Gobierno canario una revisión urgente del modelo de unidad de explotación, que consideran una “expropiación de uso encubierta”.
Los propietarios reclaman que, en complejos construidos hace décadas como apartamentos o bungalows, la ley les impide tanto residir como alquilar por su cuenta, obligándoles a integrarse en una empresa explotadora única. Aseguran que esto les deja “en manos de intermediarios” que deciden precios, condiciones y periodos de uso, y que en muchos casos imponen cuotas elevadas que los residentes no pueden asumir. “No podemos vivir, no podemos alquilar, no podemos decidir. Nos han convertido en habitaciones de hotel dentro de nuestras propias casas”, denunció una portavoz de la plataforma.
Aunque el Gobierno aprobó meses atrás una suspensión parcial de sanciones por uso residencial en suelo turístico, la medida no ha resuelto el problema estructural: miles de viviendas siguen clasificadas como turísticas, y la nueva ley de vivienda vacacional, que reserva solo un 10% del parque para uso turístico y deja toda la regulación en manos de los ayuntamientos, ha generado aún más incertidumbre.
Colectivos sociales anuncian nuevas movilizaciones esta semana. Reclaman una reforma integral del sistema y un “marco legal que permita vivir y alquilar sin miedo” en los complejos afectados.
