La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha rebajado las expectativas sobre la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica y ha advertido de que el último borrador remitido por el Ministerio de Hacienda mantiene prácticamente las mismas carencias que los documentos anteriores. Sus declaraciones contrastan con el tono más optimista expresado días atrás por el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello.
Según Asián, el texto sigue sin incorporar dos de las principales reivindicaciones de Canarias: que los 500 millones de euros del fondo de compensación formen parte del propio sistema de financiación y un mayor reconocimiento del factor de la insularidad en el cálculo de la población ajustada, un elemento decisivo para determinar los recursos que recibe la comunidad autónoma para sostener servicios esenciales como la sanidad, la educación y las políticas sociales.
La consejera también advirtió de que el nuevo modelo tampoco mejora la compensación vertical prevista para Canarias y que las modificaciones introducidas por el Ministerio son únicamente “pequeñas variaciones técnicas”, insuficientes para responder a las necesidades reales del Archipiélago.
Desde el Ejecutivo autonómico insisten en que la singularidad de Canarias, reconocida por su Régimen Económico y Fiscal (REF), debe reflejarse plenamente en el futuro sistema de financiación. El Gobierno regional considera que, de mantenerse la propuesta actual, las Islas seguirán sin recibir los recursos necesarios para garantizar unos servicios públicos equiparables al resto del país pese a los sobrecostes derivados de la insularidad y la lejanía.
Los 500 millones, el principal punto de fricción
Canarias reclama que los 500 millones de euros del Fondo de Compensación pasen a integrarse en el sistema ordinario de financiación y no se limiten a partidas de inversión. El Gobierno autonómico sostiene que ese dinero no puede sustituir la financiación estructural que necesitan la sanidad, la educación o los servicios sociales. Además, exige que el nuevo modelo otorgue un mayor peso al hecho insular y al coste real de prestar servicios públicos en un territorio fragmentado como el archipiélago.