Canarias vuelve a estar en el foco. Megalab, la empresa que realizaba test PCR en plena pandemia, empezó a trabajar antes de firmar contrato alguno con el Servicio Canario de la Salud. Así lo confirma la UCO, que detecta pagos millonarios y una cadena de favores políticos que habría allanado el camino a la compañía cuando la urgencia sanitaria justificaba casi todo.
La historia se repite: una empresa que llega “antes que nadie”, un político bien conectado y una administración dispuesta a mirar hacia otro lado. Más de cinco millones de euros facturados, mensajes cruzados entre asesores y responsables públicos, y un silencio oficial que no despeja dudas.
El problema no es solo lo que pasó entonces, sino lo que sigue pasando. La pandemia sirvió de paraguas perfecto para adjudicar sin control, para saltarse los filtros y para premiar la cercanía política. Y hoy, con los datos sobre la mesa, el ciudadano vuelve a preguntarse si el dinero público tiene dueño o simplemente destino.
Megalab no solo hizo test: también midió, sin saberlo, el pulso ético de una administración que se acostumbró a actuar primero… y justificar después.
