El caso Megalab vuelve a sacudir la gestión pública en Canarias. Según la investigación de la UCO, la empresa comenzó a operar y realizar pruebas PCR a turistas antes incluso de tener firmado el contrato con el Servicio Canario de la Salud. Los agentes apuntan a una actuación “fuera de todo procedimiento administrativo” y con un beneficio superior a los 5,3 millones de euros.
Los informes señalan que Megalab contaba con información y apoyo “antes que nadie”, lo que le permitió adelantarse y posicionarse en los contratos más rentables de la pandemia. El propio asesor ministerial Koldo García habría actuado como enlace para presentar el proyecto al entonces presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, que hoy es ministro del Gobierno central.
La UCO destaca irregularidades en la tramitación y la intervención de empresas vinculadas al mismo entorno empresarial. La oposición exige una comisión de investigación y advierte que “no puede normalizarse el uso de la emergencia para adjudicar a dedo”.
El caso reabre el debate sobre la gestión de los fondos COVID y la falta de control político en la adjudicación de contratos millonarios. Canarias está, de nuevo, en el centro del escándalo.
