La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha salido al paso de las reclamaciones del Gobierno de Canarias sobre las competencias del Régimen Económico y Fiscal (REF) y la gestión aeroportuaria con un mensaje contundente que ha sido interpretado en el Archipiélago como un nuevo ataque político. Montero niega cualquier tipo de dilación o trato discriminatorio hacia Canarias y sostiene que los plazos de respuesta del Estado “no son mayores” que los aplicados a otras comunidades autónomas.
Desde Madrid, Hacienda recuerda que existen procedimientos administrativos comunes y que Canarias no recibe un tratamiento excepcional en la tramitación de sus demandas, obviando —según el Ejecutivo autonómico— la singularidad reconocida del Archipiélago como región ultraperiférica. El Gobierno central equipara así las aspiraciones canarias al resto de territorios, diluyendo el carácter específico del REF y su encaje constitucional y europeo.
El choque político se produce tras las reiteradas peticiones del presidente canario, Ángel Víctor Torres, para avanzar en el autogobierno fiscal y en una mayor capacidad de decisión sobre infraestructuras estratégicas como los aeropuertos. Sin embargo, la respuesta de Montero deja claro que el Estado no tiene prisa y que no contempla acelerar los tiempos.
En Canarias, la reacción no se ha hecho esperar: crece la sensación de que el REF vuelve a ser tratado como una concesión administrativa y no como un derecho histórico, mientras Madrid gana tiempo y enfría un debate clave para la soberanía económica del Archipiélago.
El Gobierno canario prepara una respuesta política y técnica al “ataque” del Ejecutivo central a Canarias
El Gobierno de Canarias trabaja ya en una respuesta política y técnica a las declaraciones realizadas este martes por el Gobierno de España y que desde el Ejecutivo autonómico se interpretan como un nuevo ataque directo a los intereses de Canarias, según ha podido saber esta redacción.
Fuentes del Gobierno regional señalan que la contestación se articulará en varios frentes, combinando argumentos jurídicos, económicos y políticos, con el objetivo de desmontar el relato del Ejecutivo central y defender el régimen económico y fiscal, la financiación autonómica y las singularidades derivadas de la condición de región ultraperiférica.
El Ejecutivo canario considera que las afirmaciones del Gobierno central ignoran la realidad social y económica del Archipiélago y vulneran compromisos adquiridos con Canarias. La respuesta, añaden las mismas fuentes, se hará pública en los próximos días y podría trasladarse tanto a las Cortes Generales como a instancias europeas si fuera necesario.