El Consejo de Ministros del Gobierno de España ha dado este martes un nuevo impulso a la futura central hidroeléctrica de bombeo de Güímar al aprobar el acuerdo que permite avanzar en la ejecución de esta infraestructura estratégica para el sistema eléctrico de Tenerife. El proyecto, que movilizará una inversión superior a los 1.000 millones de euros, está llamado a convertirse en una de las principales actuaciones energéticas de Canarias.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, destacó que el acuerdo supone un paso decisivo para una iniciativa que comenzó a gestarse hace unos siete años con la colaboración entre el Gobierno de España y el Ejecutivo canario.

«Hace unos siete años había una voluntad por parte del Gobierno de Canarias y también del Gobierno de España de avanzar en el salto a las energías renovables en Güímar y recuperar ese espacio. Hace unos meses anunciábamos mil millones para esa actuación y hoy el Consejo de Ministros da otro paso más autorizando al operador. Con esa inversión tendremos ese salto de agua en Güímar», afirmó.

La central aprovechará el desnivel existente entre dos embalses para almacenar energía mediante un sistema de bombeo. Cuando exista un exceso de producción procedente de fuentes renovables, el agua será impulsada hasta el depósito superior y, en los momentos de mayor demanda, volverá a descender para generar electricidad. Con ello se pretende aumentar el peso de las energías limpias en Tenerife y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, al tiempo que se recupera una zona degradada por la actividad extractiva.

El proyecto contempla una potencia de 200 megavatios y una importante capacidad de almacenamiento energético, lo que permitirá mejorar la estabilidad del sistema eléctrico insular y facilitar una mayor integración de la energía eólica y fotovoltaica.

Torres enmarcó esta decisión dentro de un Consejo de Ministros que calificó de «muy productivo para Canarias». Además del avance de la central de Güímar, el Ejecutivo aprobó una transferencia de 44 millones de euros para el sistema de dependencia, cuatro millones para la atención de menores migrantes no acompañados, autorizó al Gobierno de Canarias a disponer de 300 millones de euros mediante operaciones de deuda a corto plazo y dio luz verde a una partida de 8,5 millones para compensar el coste del agua desalada y contribuir a reducir la factura que pagan los usuarios.