El Juzgado de El Hierro ha autorizado el internamiento en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de 82 de los 119 ocupantes del último cayuco llegado a la isla, todos de nacionalidad senegalesa, con el objetivo de iniciar su devolución a Senegal. La medida responde a una solicitud de la Policía Nacional, que considera viable ejecutar el retorno al contar con la previsión de que las autoridades senegalesas acepten su repatriación.

Se trata del primer procedimiento colectivo de expulsión tramitado en Canarias desde la entrada en vigor, el pasado 12 de junio, del Pacto Europeo de Migración y Asilo, un marco normativo que refuerza los mecanismos para agilizar los procesos de devolución de personas que acceden de forma irregular a la Unión Europea.

No obstante, uno de los autos dictados por los jueces sustitutos Antonio Mazuecos y Antonio Doreste, al que ha tenido acceso EFE, precisa que, aunque hace referencia al nuevo pacto europeo como un «marco directamente aplicable», la decisión judicial se fundamenta en la legislación española de Extranjería.

La resolución recoge que la petición de internamiento fue formulada por la Policía Nacional, respaldada por la Fiscalía y considerada por el juzgado como una medida «plenamente justificada» y proporcionada para garantizar la ejecución de la expulsión.

Según fuentes de la Fiscalía consultadas por EFE, la principal diferencia con situaciones similares registradas en los últimos años no radica en la nueva normativa europea, sino en que, en esta ocasión, la Policía ha activado el procedimiento al confiar en que Senegal colaborará en la devolución de sus nacionales. Esa expectativa resulta determinante para que el juez considere proporcionado mantener a los afectados internados durante un máximo de 60 días.

Dos abogados especializados en Derecho de Extranjería consultados por la agencia coinciden en que, hasta ahora, este tipo de solicitudes eran poco frecuentes debido a las dificultades habituales para materializar las expulsiones. Como ejemplo, recuerdan que, según datos de Eurostat, España ejecutó en 2025 un total de 5.705 devoluciones, una cifra muy inferior a las 17.788 personas que llegaron ese mismo año a Canarias en pateras y cayucos.

El auto también autoriza que los 82 migrantes permanezcan temporalmente en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés, en El Hierro, hasta que se organice su traslado a un CIE. Esta circunstancia ha generado dudas entre juristas consultados por EFE, que cuestionan la legalidad de prolongar la estancia en estas instalaciones una vez transcurridas las primeras 72 horas de detención policial. Además, consideran que mantener a personas durante más tiempo en un recinto compuesto únicamente por tiendas de campaña no resulta «humano ni digno».

En total, 87 personas comparecieron ante el juzgado para este procedimiento. Cinco de ellas quedaron fuera del expediente de internamiento tras acreditar, mediante pruebas médicas realizadas en el Hospital de Valverde, que eran menores de edad, por lo que fueron derivadas al sistema de protección correspondiente.