La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la denominada trama de Leire Díez ha situado al PNV en el centro de una de las operaciones más relevantes analizadas por los investigadores: el rescate de la empresa Tubos Reunidos, aprobado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por un importe de 112,8 millones de euros durante la crisis provocada por la pandemia.

Según los informes incorporados a la causa, la UCO considera acreditada la existencia de contactos y reuniones entre integrantes de la trama y dirigentes nacionalistas vascos para abordar la situación de la compañía y favorecer la concesión de la ayuda pública. Entre los nombres que aparecen en la documentación figura el del entonces presidente del PNV, Andoni Ortuzar, con quien se habrían mantenido encuentros relacionados con el futuro de la empresa.

Los investigadores sostienen que Leire Díez desempeñó un papel activo en las gestiones, recurriendo a responsables políticos y miembros del Gobierno Vasco para desbloquear una operación considerada estratégica para la industria vasca. En varias comunicaciones intervenidas se menciona expresamente la relevancia del respaldo del PNV para sacar adelante el rescate.

La Audiencia Nacional mantiene abierta una pieza específica sobre este asunto y analiza tanto el proceso de concesión de la ayuda como los movimientos económicos posteriores vinculados a la operación. La Guardia Civil sigue el rastro del dinero para determinar si existieron beneficios particulares derivados de la intermediación en una ayuda pública que superó los 112 millones de euros y que hoy vuelve a situar al PNV bajo el foco de la investigación judicial.