El juez Juan Carlos Peinado tiene previsto culminar antes de finales de septiembre la fase de instrucción del procedimiento contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y dictar el auto de apertura de juicio oral. Con este trámite, la causa pasaría a la Audiencia Provincial de Madrid, donde previsiblemente se celebraría un juicio con jurado durante 2027.

La previsión, trasladada por fuentes jurídicas a EFE, llega después de que el abogado de Gómez, Jaime Campaner, presentara el pasado viernes su escrito de conclusiones provisionales. Era el último documento que faltaba para que el magistrado pueda convocar la audiencia previa en la que las partes expondrán sus posiciones antes de resolver la apertura del juicio. Este auto no puede ser recurrido.

Peinado dejaría así cerrada una instrucción que comenzó el 16 de abril de 2024. El magistrado cumplirá 72 años el próximo 27 de septiembre, fecha en la que está previsto que se produzca su jubilación y deje de ejercer sus funciones judiciales.

Una vez que el procedimiento llegue a la Audiencia Provincial, se abrirá una fase intermedia en la que se determinará qué sección penal asumirá el juicio mediante el correspondiente reparto. El tribunal cuenta con quince secciones y, posteriormente, las partes podrán plantear qué pruebas y testigos consideran que deben incorporarse a la vista oral.

El juicio podría celebrarse en 2027

No existe un plazo cerrado para completar esta fase. Una vez superada, el juicio podría celebrarse entre cuatro y ocho meses después de la llegada del procedimiento a la Audiencia, aunque la fecha dependerá, entre otros factores, de la carga de trabajo de la sección encargada del caso y de la duración prevista de la vista.

Con estos plazos, el juicio se situaría previsiblemente en 2027. Por el momento no es posible determinar si coincidirá con las elecciones autonómicas y municipales de mayo de ese año o con las generales previstas para el verano, salvo que se produzca un adelanto electoral.

La Audiencia Provincial determinó el pasado julio que Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, deberán ser juzgadas por un jurado. La esposa del presidente se enfrenta a acusaciones por presunto tráfico de influencias y malversación, mientras que Álvarez está acusada de presunta malversación.

El tribunal, sin embargo, descartó que ambas fueran juzgadas por corrupción en los negocios y apropiación indebida, delitos que sí contemplaba inicialmente el juez instructor.

El empresario Juan Carlos Barrabés quedó además fuera de este procedimiento y su situación se investigará en una causa separada, centrada en determinar la legalidad de determinadas adjudicaciones de contratos públicos.

La resolución de la Audiencia obligó a «reordenar» el procedimiento y devolverlo al momento en el que Peinado transformó la investigación en un procedimiento para ser juzgado por jurado. Como consecuencia, las actuaciones realizadas desde entonces quedaron anuladas y las partes tuvieron que presentar nuevamente sus escritos de cara al juicio.

Gómez y su asesora mantienen su petición de absolución

En sus conclusiones, Begoña Gómez vuelve a solicitar su absolución y niega haber utilizado «su vínculo matrimonial» con Pedro Sánchez para obtener una cátedra universitaria o conseguir un beneficio económico relacionado con ella.

La defensa también rechaza que Gómez se apropiara de un ‘software’ desarrollado en la Universidad Complutense de Madrid o que utilizara a su asesora para desempeñar funciones que no le correspondían.

Cristina Álvarez también reclama la absolución y sostiene que los hechos que se le atribuyen no constituyen un delito de malversación. Su defensa considera además «disparatada» la acusación formulada contra ella.

La Fiscalía mantiene igualmente su petición de absolución para ambas, al entender que no existen delitos que deban ser sancionados penalmente.

En cambio, la acusación popular encabezada por Hazte Oír reclama 13 años de prisión para Begoña Gómez y seis para Cristina Álvarez. Estas peticiones suponen una rebaja respecto a las formuladas inicialmente, cuando solicitaba hasta 24 años para Gómez y 22 para su asesora.

A esta causa se suma la reclamación económica de la Universidad Complutense de Madrid, que solicita a Begoña Gómez más de 113.000 euros en concepto de responsabilidad civil por el ‘software’ desarrollado en el marco de la cátedra que codirigió.