La presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Inmigrantes Refugiados en España, Isabel Alfaro, se ha sentado este jueves en el banquillo de los acusados imputada por un presunto delito de injurias graves a las fuerzas de seguridad. Tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por la Confederación Española de Policía, solicitan imponerle una sanción económica de 4.050 euros tras haber calificado públicamente como un «asesinato» la actuación en la que agentes de la Policía Nacional acabaron con la vida del joven gambiano Abdoulie Bah en las inmediaciones del aeródromo grancanario en 2025.
El letrado de la defensa ha solicitado la libre absolución de su representada o, en caso de dictarse una sentencia condenatoria, que se ponderen los ingresos de la enfermera al llevar 17 años encadenando contratos temporales en el servicio de salud autonómico. Al hacer uso de su derecho a la última palabra ante el juzgado, la propia Alfaro ha querido pedir disculpas públicas a las fuerzas de seguridad, insistiendo en que nunca fue su intención «molestar o dañar» al colectivo policial.
Las representaciones procesales acusadoras consideran que las manifestaciones de la procesada «desbordan el derecho a la libertad de expresión» al imputar falsamente un ilícito penal grave a los funcionarios. La fiscal encargada de la causa ha recordado durante la vista que el delito atribuido requiere una clara intencionalidad dolosa que no existió en la intervención, subrayando que los cinco agentes que actuaron en el área exterior de la terminal temieron de forma real por sus vidas y terminaron precisando baja médica por secuelas psicológicas. Asimismo, el Ministerio Público reveló que el fallecido había sido arrestado apenas tres días antes del suceso por un delito de atentado contra la autoridad.
Según la versión mantenida por las acusaciones, los policías se vieron obligados a emplear sus armas reglamentarias ante el riesgo inminente generado por el joven de 19 años. Las actuaciones policiales detallan que el migrante sembró el pánico entre los viajeros tras blandir un cuchillo dentro del recinto aeroportuario y amenazar previamente a un taxista, antes de dirigirse hacia la zona de paradas de autobús.
Durante su declaración ante la Plaza número 6 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, la acusada ha reconocido que instó a los asistentes de una asamblea de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias (FAAC) a plasmar en una pancarta de protesta que al joven lo habían «asesinado» cinco días antes. Dicha reunión, previa a una concentración celebrada el 22 de mayo ante la Delegación del Gobierno, fue grabada en vídeo por uno de los presentes y difundida posteriormente en redes sociales.
Frente a la jueza, Isabel Alfaro justificó sus palabras por el dolor provocado por la pérdida de Bah, a quien acogía habitualmente en su domicilio para comer y promovía su integración a través del deporte. La procesada argumentó que se enteró de la noticia tras concluir un turno de guardia y alegó que su único propósito era evitar que la muerte de un chico al que definía como «un buen niño que no era agresivo» quedara impune, descartando cualquier voluntad deliberada de atentar contra la dignidad o el honor de la Policía Nacional.