Podemos ha vuelto a situar en el centro del debate político el derecho de voto de los inmigrantes tras la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno, que podría afectar a cerca de 500.000 personas. La formación plantea que quienes se regularicen y residan de forma estable en España puedan acceder al voto en el futuro, una posición que ha generado controversia al chocar con discursos previos del propio espacio político.
La propuesta ha sido defendida públicamente por Irene Montero, que subraya que la regularización no debe limitarse a permisos administrativos, sino abrir la puerta a derechos políticos plenos. Actualmente, la legislación española solo permite votar en elecciones municipales a determinados extranjeros con acuerdos de reciprocidad, quedando excluidos de generales y autonómicas.
Desde Podemos insisten en que no se trata de un derecho inmediato ni automático, sino de un objetivo político a medio plazo, que requeriría cambios legales profundos. La oposición acusa a la formación de electoralismo, mientras el debate sobre ciudadanía, integración y derechos vuelve a tensionar el tablero político nacional.
Las palabras de Irene Montero: “Vamos a por la nacionalidad o a cambiar la ley para que puedan votar. Quien vive y trabaja aquí tiene derecho a decidir sobre el país en el que vive. La regularización no puede quedarse solo en papeles, tiene que ir acompañada de derechos”.