El Ejecutivo central habría alcanzado un acuerdo con EH Bildu para no renovar la presencia de ETA en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, un registro en el que la banda está incluida desde 2001 y en el que permanece a día de hoy.
El planteamiento no supondría una retirada inmediata, sino una estrategia política orientada a que ETA deje de figurar en futuras revisiones del listado europeo, lo que abriría la puerta a su exclusión progresiva.
La iniciativa ha provocado una fuerte contestación. Asociaciones de víctimas del terrorismo han alzado la voz contra lo que consideran una cesión inaceptable, recordando el legado de más de 800 asesinatos atribuidos a la organización.
Desde la oposición, las críticas se centran en que el Gobierno estaría cediendo ante Bildu en un contexto de necesidad parlamentaria, mientras que el Ejecutivo defiende que cualquier modificación no depende solo de España, sino del Consejo de la Unión Europea.
En este escenario, la realidad jurídica es clara: ETA sigue formando parte de la lista de organizaciones terroristas de la UE, y cualquier cambio requerirá un procedimiento europeo formal y el respaldo de los Estados miembros.