La desclasificación de documentos oficiales sobre el golpe de Estado del 23-F ha abierto un nuevo frente político y generacional entre dos expresidentes socialistas. Mientras Pedro Sánchez celebra la medida como un ejercicio de transparencia democrática, Felipe González respalda la apertura, pero critica duramente la forma en que se ha llevado a cabo.
Sánchez ha defendido públicamente la decisión del Gobierno asegurando que responde a una “deuda histórica con la ciudadanía” y subrayando que una democracia madura no puede mantener su pasado “bajo llave”. Para el presidente, la publicación de los documentos en canales oficiales permite combatir bulos, reforzar la memoria democrática y ofrecer certezas sobre uno de los episodios más críticos de la historia reciente de España.
Felipe González, por su parte, se ha mostrado mucho más crítico. Aunque considera positivo que se conozca la verdad completa del 23-F, ha advertido de que la desclasificación es parcial y arbitraria, al depender de decisiones políticas puntuales y no de un marco legal claro. El expresidente reclama una apertura total de los archivos y una revisión profunda de la Ley de Secretos Oficiales para evitar lecturas interesadas.
Dos visiones, un mismo episodio histórico y una discusión que vuelve a situar el 23-F en el centro del debate político nacional.