El decreto anticrisis del Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a pasar de largo por Canarias. Sin referencias claras al IGIC, sin adaptación a los sobrecostes estructurales de la insularidad y sin medidas específicas para el transporte o la alimentación, el Archipiélago afronta una nueva escalada de precios con soluciones diseñadas para la Península.
El impacto ya se deja sentir en las Islas: el encarecimiento de la energía se traslada con rapidez a los carburantes, al transporte de mercancías y a la cesta de la compra, con un efecto multiplicador en una economía dependiente del exterior.
Ante este escenario, el presidente Fernando Clavijo ha activado reuniones urgentes con patronales, sindicatos y fuerzas políticas para diseñar un plan de choque canario que permita amortiguar el golpe. Sobre la mesa, rebajas selectivas del IGIC, ajustes fiscales sobre los combustibles, ayudas directas a los sectores más expuestos y refuerzo del escudo social para proteger a las familias.
Además, Canarias exige al Estado margen de maniobra: flexibilizar la regla de gasto y permitir mayor endeudamiento para hacer frente a la crisis sin tocar servicios públicos esenciales como sanidad, educación o dependencia.
El pulso está servido: o el Gobierno central adapta sus medidas a la realidad canaria o el Archipiélago volverá a competir en desventaja en plena crisis económica.