El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Gobierno de Canarias afrontan una nueva batalla judicial en torno al Plan General de Ordenación (PGO) después de que el Tribunal Supremo haya admitido a trámite el recurso relacionado con la evaluación ambiental del documento urbanístico.

El caso llega al Alto Tribunal tras las resoluciones contradictorias emitidas en los últimos años por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que en algunos procedimientos respaldó la posición del Consistorio y en otros avaló los argumentos del Ejecutivo autonómico, provocando incluso la anulación del denominado PGO-5.

Desde el área de Urbanismo, dirigida por Zaida González, y con la Gerencia de Urbanismo bajo la coordinación de Guillermo Díaz Guerra, el Ayuntamiento sostiene que Santa Cruz no puede volver a quedar paralizada urbanísticamente y defiende la necesidad de consolidar seguridad jurídica para desbloquear inversiones, vivienda y proyectos estratégicos para la capital tinerfeña.

El recurso busca ahora que el Tribunal Supremo siente jurisprudencia definitiva sobre si este tipo de modificaciones urbanísticas requieren o no una evaluación ambiental continua, un debate técnico y jurídico que afecta no solo a Santa Cruz, sino a numerosos municipios españoles.

En el entorno municipal consideran además que el nuevo impulso urbanístico pretende modernizar la ciudad y dejar atrás años de bloqueo administrativo y judicial. La resolución del Supremo será clave para definir el futuro desarrollo de Santa Cruz y el margen de maniobra de las administraciones en materia de planeamiento.