Las dos capitales canarias afrontan un escenario completamente diferente con la nueva tasa de residuos. Mientras el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife prevé recaudar este año 15,7 millones de euros, lo que supone seis millones más que en 2025 gracias al incremento del recibo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha tenido que suspender su aplicación después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anulara la ordenanza que la regulaba.

En el caso de Santa Cruz, el nuevo recibo permitirá elevar la recaudación un 60,2 % respecto al ejercicio anterior. El periodo voluntario de pago se desarrollará entre el 15 de septiembre y el 23 de noviembre, con el objetivo de adaptar el sistema municipal a las exigencias de la normativa estatal sobre residuos.

La situación contrasta con la de Las Palmas de Gran Canaria. El TSJC declaró nula la ordenanza fiscal al apreciar deficiencias en la memoria técnico-económica y en los criterios utilizados para calcular y repartir la tasa entre los contribuyentes. La sentencia concluye que no quedaba suficientemente justificado el coste real del servicio ni el reparto de la carga tributaria.

Tras conocer el fallo, el Ayuntamiento de Las Palmas anunció que no recurrirá la sentencia, paralizará el cobro de los recibos pendientes y devolverá las cantidades ya abonadas por unos 35.000 contribuyentes, una cifra cercana a los cinco millones de euros. Además, elaborará una nueva ordenanza adaptada a los criterios fijados por la Justicia.