El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife analiza la posibilidad de recurrir la resolución del Gobierno de España que ordena retirar de la Rambla el conjunto escultórico de Juan de Ávalos, una de las obras más reconocibles de la capital y conocida popularmente como monumento a Franco.

La decisión del Ministerio de Memoria Democrática obliga a retirar la pieza del espacio público al incluirla dentro del catálogo de vestigios contrarios a la Ley de Memoria Democrática, dando un plazo de seis meses para su ejecución una vez concluido el procedimiento administrativo abierto.

El Consistorio, que defiende estudiar todas las vías legales, insiste en analizar no solo el cumplimiento normativo, sino también el impacto económico, técnico y patrimonial que supondría desmontar una estructura de estas características. La opción defendida desde la capital ha sido la resignificación de la obra frente a su desaparición.

El debate suma ahora un nuevo elemento: la defensa realizada por la familia del escultor Juan de Ávalos, que sostiene que la creación debe ser valorada como pieza artística y no exclusivamente desde una lectura política. La Fundación vinculada al autor ha situado el valor del conjunto en torno a los 45 millones de euros.

Santa Cruz abre así un nuevo capítulo de un debate que mezcla memoria histórica, patrimonio, arte y coste económico. Una batalla que podría acabar en los tribunales mientras la ciudad decide el futuro de una de sus esculturas más conocidas.