El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife estudia trasladar el Monumento a la Victoria, conocido popularmente como el monumento a Franco, a una nave municipal si finalmente debe ser retirado de la vía pública en cumplimiento de la resolución del Gobierno de España. La posibilidad ha sido planteada por el alcalde, José Manuel Bermúdez, quien sostiene que esa sería la alternativa si no existe encaje legal para mantener la escultura mediante un proceso de resignificación.

La decisión reabre uno de los debates patrimoniales, políticos y sociales más intensos de Canarias. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha ordenado la retirada del monumento al considerarlo un símbolo contrario a la Ley de Memoria Democrática, concediendo un plazo de seis meses una vez concluya el procedimiento administrativo en marcha. El Ayuntamiento, por su parte, ha anunciado que analizará las consecuencias jurídicas y económicas de ejecutar esa resolución.

Bermúdez mantiene que el consistorio siempre cumplirá la legalidad, aunque defiende que el conjunto escultórico, obra de Juan de Ávalos, podría conservarse si se acredita un valor artístico suficiente y se opta por su resignificación, una interpretación que choca con los informes técnicos emitidos hasta ahora, que rechazan tanto su declaración como Bien de Interés Cultural como su permanencia en el espacio público sin una retirada efectiva.

En ese contexto, el alcalde ha explicado que, si finalmente la ley obliga a retirarlo y no existe otra solución legal, el monumento sería almacenado en una nave municipal, evitando tanto su destrucción como su exhibición pública. La propuesta ha generado una nueva controversia política y ciudadana, al plantear que una de las piezas más polémicas de la capital pueda acabar custodiada en unas instalaciones utilizadas para guardar elementos del Carnaval de Santa Cruz.

El futuro del Monumento a la Victoria continúa, así, en el centro del debate entre quienes defienden su conservación por razones artísticas o históricas y quienes consideran que su retirada es una obligación derivada de la legislación sobre memoria democrática. La resolución definitiva marcará el destino de uno de los símbolos más controvertidos de la historia reciente de Tenerife.