La crisis habitacional volvió a tomar este sábado las calles de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 600 personas, según los organizadores, participaron en una manifestación convocada por el colectivo Derecho al Techo en el barrio de Schamann para reclamar el acceso a una vivienda digna y denunciar el impacto que el encarecimiento de los alquileres está teniendo sobre los residentes.

La protesta recorrió varias vías del barrio y reunió a vecinos, activistas y representantes de diferentes plataformas ciudadanas procedentes de distintos puntos de la isla. Los participantes denunciaron el aumento de los precios de la vivienda, la dificultad para acceder al alquiler y el avance de procesos de gentrificación que, aseguran, están transformando numerosos barrios de la capital grancanaria.

Durante la movilización, los asistentes exhibieron pancartas con mensajes como “La abuela se queda en nuestros barrios”, “Canarias no se vende se defiende”, “Carolina Darias es una inmobiliaria” o “La fiebre del cemento es nuestro tormento”. También corearon consignas como “Vivienda Vacacional, vecindarios sin vecinos”, “La vivienda nos cuesta la vida” y “Ni gente sin casa ni casas sin gente”.

La portavoz de Derecho al Techo, Sofía Olivares, advirtió de que la organización atiende de forma constante nuevos casos de personas en riesgo de perder su vivienda. Según explicó, entre los afectados figuran familias con menores, personas con discapacidad, hogares con bajos ingresos y migrantes en situación irregular que, en algunos casos, han sido víctimas de fraudes relacionados con el alquiler.

Olivares sostuvo que estas situaciones evidencian la falta de respuestas suficientes por parte de las administraciones públicas y reclamó políticas más contundentes para afrontar la emergencia habitacional.

Entre los participantes también intervino Sandra Navarro, investigadora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, quien alertó de las dificultades que afrontan muchos jóvenes para independizarse pese a contar con empleo. Navarro señaló que los elevados precios del alquiler y las exigencias económicas impuestas por algunos propietarios impiden a numerosas personas desarrollar sus proyectos de vida fuera del hogar familiar.

Por su parte, la abogada de la plataforma, Isabel Saavedra, criticó la falta de regulación del mercado inmobiliario y defendió la necesidad de reforzar la intervención pública en materia de vivienda. A su juicio, el acceso a una vivienda debe garantizarse como un derecho y no quedar condicionado únicamente a las dinámicas del mercado.

Saavedra también alertó del aumento de los procedimientos de desahucio tras la desaparición de las medidas excepcionales aprobadas durante la pandemia. Según indicó, la plataforma ha gestionado más de 70 casos en Gran Canaria durante el último año y actualmente sigue trabajando para intentar frenar varios lanzamientos previstos en las próximas semanas.