El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, advirtió este jueves de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dispone de seis meses para retirar el monumento a Franco, tras su inclusión en el Catálogo de Vestigios Contrarios a la Memoria Democrática.

Durante su intervención, Torres fue contundente con quienes defienden la permanencia de la escultura. “Quien quiera el monumento, que lo ponga en su casa y pague 45 millones de euros al Ayuntamiento de Santa Cruz, que es su propietario”, afirmó, rechazando que el supuesto valor económico o artístico de la obra pueda justificar su continuidad en un espacio público.

El ministro recordó que, si el Consistorio no ejecuta la retirada dentro del plazo fijado, será la Administración General del Estado quien actúe de manera subsidiaria para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática, repercutiendo posteriormente los costes de la actuación.

El Estado actuará si el Ayuntamiento incumple el plazo

La resolución del Ministerio concede seis meses al Ayuntamiento de Santa Cruz para retirar el monumento. Transcurrido ese periodo sin que se haya ejecutado la medida, el Estado podrá intervenir directamente para cumplir la ley. Además, Torres insistió en que el monumento es propiedad municipal y reiteró que quien desee conservarlo deberá adquirirlo al Ayuntamiento, aludiendo a una valoración de 45 millones de euros.