El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aseguró este jueves que el Estado ejecutará la retirada del Monumento a la Victoria, conocido popularmente como Monumento a Franco, si el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no cumple con la resolución dictada por el Ministerio. Torres afirmó estar convencido de que el Consistorio actuará dentro del plazo previsto, aunque advirtió de que, en caso contrario, será la Administración General del Estado quien intervenga de forma subsidiaria.

La decisión llega después de que el Ministerio incorporara el monumento al catálogo de vestigios contrarios a la Ley de Memoria Democrática, apoyándose en informes técnicos que concluyen que la escultura no reúne un valor artístico excepcional que justifique su permanencia en el espacio público.

El Ayuntamiento, por su parte, mantiene que estudiará la resolución y todas sus implicaciones jurídicas antes de adoptar una decisión definitiva. El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha defendido en varias ocasiones la posibilidad de resignificar el conjunto escultórico en lugar de proceder a su retirada.

La resolución del Estado reabre uno de los debates patrimoniales y políticos más intensos de Santa Cruz de Tenerife. Mientras el Gobierno central sostiene que la eliminación del monumento es una obligación legal derivada de la Ley de Memoria Democrática, el Consistorio insiste en analizar todas las vías antes de ejecutar una actuación que marcará el futuro de uno de los símbolos más controvertidos de la capital tinerfeña.