La Guardia Civil, junto al Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, investiga a 32 personas y varias empresas por integrar una presunta red criminal dedicada al envío ilegal de residuos peligrosos desde Canarias hacia África. La operación ha destapado la salida de al menos 650 toneladas de materiales contaminantes en contenedores marítimos, principalmente desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife.
La organización utilizaba documentación falsa, empresas pantalla y declaraciones manipuladas para hacer pasar residuos peligrosos —como aparatos eléctricos, motores, extintores y vehículos— por mercancía reutilizable o ya descontaminada. Sin embargo, muchos de estos materiales contenían sustancias altamente nocivas, lo que supone un grave riesgo ambiental y sanitario.
Los investigados se enfrentan a delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, tipificados en el Código Penal, con penas que pueden alcanzar hasta 5 años de prisión, además de multas económicas elevadas e inhabilitación para ejercer actividades relacionadas con la gestión de residuos. En los casos más graves, cuando existe riesgo para la salud o daño significativo al ecosistema, las penas se agravan.
La operación vuelve a poner en evidencia las grietas en el control de residuos y en la vigilancia portuaria en Canarias, donde el tráfico ilegal encuentra rutas rentables hacia terceros países, alimentando un negocio global millonario a costa del medio ambiente.