Después de que el Partido Socialista en el Puerto de la Cruz haya denunciado "maniobras" en el Gobierno para dejar fuera a Inersindical Canaria y CSIF de la mesa de negociación de los empleados públicos y convocar solo a Comisiones Obreras y UGT, estos últimos, a través de sus Servicios Públicos en Canarias, han respondido de forma contundente a través de un comunicado de prensa: "Las mentiras del PSOE".
El escrito reza: "La Federación de UGT Canarias servicios públicos desmiente que la constitución de la mesa general de negociación del Puerto de La Cruz sea irregular y que la exclusión de otras fuerzas sindicales esté sujeta a cuestiones meramente políticas, tal y como se ha afirmado por parte del PSOE.
La constitución de la mesa general de negociación de las Administraciones Públicas viene regulada por el artículo 36 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), dicha normativa establece que las organizaciones sindicales que cuenten con representatividad suficiente deben estar presentes en dicha mesa. No obstante, la jurisprudencia actual, en la que se incluye sentencia del
Tribunal Supremo, ha consolidado que para formar parte de ella un sindicato debe contar con, al menos, el 10% de la representación del colectivo de funcionarios/as, porcentaje que también se debe aplicar al personal laboral. Es decir, no basta con tener el 10% de representatividad en uno de los dos colectivos, se debe cumplir esta norma en ambos para poder acceder y ser parte de la mesa general de negociación.
Según el secretario general de UGT Canarias Servicios Públicos, Francisco Bautista, “no se trata de una cuestión de simpatías políticas o preferencias, sino de legalidad y legitimidad sindical acreditada”. Además, tal y como apunta Bautista, en el caso particular del Puerto de La Cruz, las tres principales mesas de negociación están mal constituidas. “La mesa general, la sectorial del cuadrante de policía y la de negociación del convenio no reflejan adecuadamente la presencia de los sindicatos más representativos a nivel nacional, como establece la normativa”, señala.
Desde UGT Canarias Servicios Públicos quiere dejar claro que “no se trata de un capricho, ni de una maniobra política con connivencia de este sindicato”, sino que la medida aplicada se ajusta a la legalidad actual vigente.
Por lo tanto, la constitución de la mesa general negociadora del ayuntamiento del Puerto de La Cruz cumple lo establecido, ya que los sindicatos que quedan fuera, CSIF e Intersindical Canaria, no cuentan con la representatividad exigida por la jurisprudencia, es decir, el 10% del colectivo de funcionarios/as y, simultáneamente, el 10% del colectivo de personal laboral".
