El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha la maquinaria para presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2027 con un techo de gasto histórico de 226.032 millones de euros y una nueva senda de estabilidad. Sin embargo, la fotografía política vuelve a ser la misma: un Ejecutivo sin mayoría suficiente y obligado a negociar con unos socios que, a día de hoy, mantienen importantes diferencias sobre financiación autonómica, inversiones y cesiones territoriales.

Las cifras reflejan que el Estado seguirá necesitando recurrir al déficit para financiar una parte relevante de su actividad. Traducido al lenguaje de la calle, una parte del gasto previsto no estará respaldada por ingresos corrientes, sino por nueva deuda, en un contexto en el que Bruselas vuelve a exigir disciplina fiscal y reducción progresiva del déficit.

El Ejecutivo defiende que el crecimiento económico permitirá contener el desequilibrio presupuestario durante los próximos años. Sin embargo, la principal incógnita ya no parece económica, sino parlamentaria. La senda de déficit deberá superar el Congreso y, posteriormente, el proyecto presupuestario necesitará reunir una mayoría que hoy no está garantizada. Diversos analistas consideran que el verdadero obstáculo será político más que financiero.

Tras varios ejercicios con presupuestos prorrogados o dificultades para sacar adelante las cuentas, la presentación del proyecto también se interpreta como un movimiento para marcar la agenda política del nuevo curso. Si finalmente los socios parlamentarios rechazan la senda fiscal o el proyecto de ley, el Gobierno volvería a gobernar con cuentas prorrogadas, una situación que limitaría buena parte de su capacidad legislativa y alimentaría el debate sobre un posible adelanto electoral. No existe una obligación legal de convocar elecciones si los Presupuestos fracasan, pero la experiencia política demuestra que gobernar durante largos periodos sin nuevas cuentas aumenta la presión sobre cualquier Ejecutivo.