Nuevo revés judicial para la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anulado el impuesto turístico a la pernoctación impulsado por el Ayuntamiento, al considerar que la figura creada por el consistorio no podía establecerse como una tasa municipal al gravar la mera estancia en alojamientos turísticos sin una prestación específica de un servicio público.

La sentencia supone un importante golpe para una de las medidas más emblemáticas defendidas por el gobierno municipal y abre un nuevo debate sobre los límites competenciales de las administraciones locales para crear figuras tributarias vinculadas al turismo.

Tras conocerse el fallo, la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), que recurrió la ordenanza, celebró la decisión judicial y aseguró que siempre defendió la seguridad jurídica y la equidad fiscal del sector. La patronal sostiene que la creación de nuevos impuestos corresponde exclusivamente al legislador estatal o autonómico y no a los ayuntamientos.

Además, la FEHT recuerda que el turismo ya soporta una elevada carga tributaria, especialmente a través del IGIC, que grava el alojamiento turístico con un 7%, y sostiene que el impuesto de Mogán suponía una doble imposición que perjudicaba tanto a la competitividad del destino como a los propios residentes canarios que utilizan establecimientos hoteleros dentro del Archipiélago.

Pese al respaldo judicial, la patronal insiste en que mantiene su disposición a colaborar con las administraciones para impulsar un modelo turístico más sostenible, incluso apoyando tasas vinculadas a la visita de espacios naturales cuando exista una prestación concreta de servicios y un destino finalista de los recursos recaudados.