La Fiscalía General del Estado vuelve a incendiarse. La fiscal general, Teresa Peramato, ha decidido relevar a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, la misma que puso contra las cuerdas al ex fiscal general Álvaro García Ortiz en el juicio por la filtración de datos reservados. La decisión, enmarcada en una amplia renovación de la cúpula fiscal, ha sido interpretada en sectores de la carrera como una auténtica vendetta interna.

Lastra, que aspiraba a renovar tras cinco años en el cargo, queda fuera pese a su peso institucional y a que su testimonio fue clave en la condena de García Ortiz. En su lugar, Peramato impulsa a María Isabel Martín, procedente del núcleo técnico de la propia Fiscalía General, en una elección que el organismo justifica por criterios de “mérito y capacidad”.

Sin embargo, el movimiento ha levantado una fuerte contestación interna. Asociaciones de fiscales denuncian que los nombramientos responden más a afinidades personales que a criterios objetivos, alimentando la sensación de fractura en una institución ya marcada por el caso que acabó con la caída del anterior fiscal general.

El trasfondo es claro: la batalla por el control de la Fiscalía sigue abierta. La salida de Lastra, protagonista directa en uno de los mayores escándalos recientes del Ministerio Público, se interpreta como un ajuste de cuentas en plena recomposición del poder interno.

La Fiscalía no se recompone: se reordena… y se cobra facturas.