Hay decisiones económicas que, sobre el papel, parecen tener una lectura bastante sencilla, pero que, cuando empezamos a analizar sus consecuencias, nos obligan a mirar mucho más allá de la medida en sí misma.
Y esta semana tenemos un buen ejemplo: la subida del Salario Mínimo Interprofesional que acaba de aprobar el Gobierno de España para 2027.
La subida será del 5,3%, pasando de los actuales 1.221 euros a 1.286 euros mensuales en catorce pagas. Es decir, 65 euros más en cada nómina y 910 euros adicionales al año para los trabajadores que perciben este salario.
Una subida que supera el 4,9% recomendado por la comisión de expertos y que se queda por debajo del 7% que reclamaban los sindicatos.
Evidentemente, estamos ante una medida que tiene una dimensión social importante. Mejorar las rentas más bajas significa aumentar la capacidad adquisitiva de miles de trabajadores, contribuir a reducir las desigualdades salariales y, potencialmente, favorecer el consumo de los hogares.
Además, en un contexto en el que el coste de la vida sigue siendo una preocupación para muchas familias, disponer de unos ingresos mayores puede suponer un alivio importante.
Pero, como casi siempre ocurre en economía, hay otra cara de la moneda que también debemos analizar.
Porque aumentar los salarios no significa necesariamente que aumente la riqueza que genera una economía.
Para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, esta subida supone un incremento de sus costes laborales. Y aquí aparece una cuestión fundamental: ¿está creciendo la productividad de nuestras empresas al mismo ritmo que están creciendo los salarios?
Si los costes laborales aumentan por encima de la productividad, las empresas tienen que buscar la manera de absorber esa diferencia. Algunas podrán hacerlo reduciendo sus márgenes empresariales; otras tendrán que ajustar sus plantillas, limitar nuevas contrataciones, incrementar sus precios o incluso renunciar a determinadas inversiones.
Y esto resulta especialmente relevante en un momento en el que Europa está intentando recuperar competitividad frente a otras economías internacionales, especialmente las asiáticas, que están ganando terreno en numerosos sectores industriales y tecnológicos.
No podemos olvidar que competir en una economía global exige algo más que salarios dignos: exige innovación, inversión, formación, tecnología y, sobre todo, productividad.
También debemos tener presente el posible efecto sobre los precios. Si una parte de las empresas traslada el incremento de sus costes laborales al consumidor, podemos encontrarnos con nuevas presiones inflacionistas. No es un efecto automático ni necesariamente proporcional, pero sí un riesgo que conviene vigilar.
Y hay otro elemento que merece nuestra atención: las cuentas públicas.
Esta misma semana, el Gobierno ha aprobado también una subida del 4,5% para los salarios de los empleados públicos en 2027, en un contexto de proximidad electoral.
Conviene recordar que la deuda pública española se sitúa todavía en torno al 100% del PIB. Por tanto, cualquier incremento estructural del gasto público debe analizarse teniendo en cuenta su financiación y su sostenibilidad. No significa que estas medidas generen automáticamente más deuda, pero sí que obligan a mantener una disciplina presupuestaria.
Y aquí llegamos a una reflexión que me parece especialmente importante.
Una cosa es tener voluntad política para mejorar las condiciones económicas de los ciudadanos y otra muy distinta es disponer de la capacidad productiva y financiera para sostener esas mejoras en el tiempo.
Porque el verdadero reto de España, y también de Europa, no debería ser únicamente repartir mejor la riqueza que generamos, sino conseguir generar más riqueza.
En definitiva, mejorar los salarios es un objetivo legítimo y necesario, pero debemos procurar que ese crecimiento salarial vaya acompañado de más productividad, más competitividad y más capacidad empresarial.
Porque, al final, una economía no puede sostener indefinidamente unos salarios crecientes si no es capaz de producir cada vez más valor.
Y esa es, probablemente, una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra economía.
Jordi Bercedo
Economista
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