Esta semana comenzamos poniendo el foco en Europa, ya que nos encontramos ante una situación que merece una reflexión profunda sobre nuestro modelo económico y sobre el futuro que queremos construir.

La economía europea se encuentra de lleno en una fase de enfriamiento muy preocupante. El Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento de apenas el 1,1 % para la zona euro en 2026, frente a una economía mundial que crecerá alrededor del 3,1 %.

 Es cierto que Europa sigue avanzando, pero lo hace a un ritmo muy reducido y con dificultades para competir frente a otras regiones.

Y esto nos lleva a una pregunta: ¿Está Europa viviendo demasiado de las rentas del pasado?

Mientras determinadas economías asiáticas mantienen un dinamismo superior, Europa se enfrenta a problemas de productividad, costes energéticos elevados, dificultades para innovar y barreras que frenan el crecimiento de sus empresas.

No se trata de copiar otros modelos, porque sus realidades sociales son distintas, sino de entender qué debemos mejorar para no perder competitividad.

Al mismo tiempo, estamos viendo movilizaciones y protestas en distintos países europeos por cuestiones como los salarios, la vivienda, el coste de la vida y los servicios públicos.

Los ciudadanos reclaman respuestas, y es legítimo que esperen una sanidad de calidad, buenas pensiones, educación, protección social y oportunidades para las nuevas generaciones.

Pero aquí aparece una cuestión fundamental: ¿cómo financiamos todas esas necesidades si la economía crece poco y las cuentas públicas están cada vez más condicionadas?

La deuda pública de la zona euro alcanzó el 88,8 % del producto interior bruto en el segundo trimestre de este año. En España, se situó en el 101,4 %. Esto no significa que esa deuda sea absolutamente impagable,aunque cada día lo parezca más, pero sí que su financiación y el pago de intereses limitan el margen de actuación de los gobiernos.

Paralelamente hay otro factor que debemos incorporar: la presión fiscal que soportan ciudadanos y empresas.

En muchos países europeos, los impuestos y las cotizaciones sociales representan una parte muy importante del coste del trabajo. En España, por ejemplo, la cuña fiscal para un trabajador soltero sin hijos que percibe el salario medio alcanzó el 41,4 % del coste laboral en 2025, según la OCDE.

Esto significa que existe una diferencia considerable entre lo que cuesta contratar a una persona y lo que finalmente recibe en su salario neto. Y aunque esa recaudación financia servicios públicos y protección social, debemos analizar también cómo afecta a la contratación, a la inversión y a la capacidad de consumo.

A ello se suman los impuestos indirectos que gravan productos como los carburantes. Cuando los costes energéticos ya son elevados, su impacto se traslada al transporte, a la actividad empresarial y, finalmente, al precio de muchos bienes y servicios.

Por tanto, el debate no consiste simplemente en pagar más o menos impuestos. Consiste en encontrar un equilibrio entre financiar los servicios públicos y mantener una economía competitiva, capaz de generar empleo, inversión y riqueza.

La realidad es que el Estado del bienestar necesita recursos, y esos recursos dependen, en gran medida, de la capacidad de la economía para producir y crecer.

Europa debe plantearse cómo mejorar su productividad, impulsar la innovación, aprovechar la inteligencia artificial, reducir las dependencias energéticas y facilitar que sus empresas puedan competir internacionalmente. También necesita revisar la eficiencia del gasto público y evaluar si los recursos disponibles están produciendo los resultados esperados.

Y esta reflexión afecta igualmente a España y a Canarias, donde necesitamos fortalecer la productividad, diversificar nuestra economía y generar actividades de mayor valor añadido.

Terminamos con una idea: Europa no tiene que elegir entre competitividad y bienestar social. Tiene que recuperar la capacidad de crecimiento que permita sostener ambos.

Porque mantener los derechos sociales y unos servicios públicos de calidad exige algo más que buenas intenciones: requiere una economía sólida, productiva y financieramente sostenible.

El gran reto de las próximas décadas será precisamente ese: adaptar nuestro modelo económico a un mundo cada vez más competitivo para que las generaciones futuras puedan disfrutar de oportunidades y de un nivel de bienestar comparable al que hemos construido hasta ahora.

Jordi Bercedo

Economista

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