La Audiencia de Cuentas de Canarias ha puesto cifras a uno de los mayores quebrantos económicos recientes para las arcas públicas del Archipiélago. Su presidente, Pedro Pacheco, reconoció en el Parlamento que la devolución de 46,3 millones de euros a compañías eléctricas por sanciones anuladas judicialmente constituye una cantidad “bastante seria” y que merece una reflexión profunda sobre la gestión administrativa realizada.

El origen del problema se encuentra en los expedientes sancionadores abiertos tras diversos apagones registrados en Tenerife y La Palma. Según la fiscalización realizada por la Audiencia de Cuentas, la tramitación administrativa presentó defectos y retrasos que terminaron provocando que los tribunales anularan las sanciones impuestas. Al haber prescrito posteriormente los procedimientos, la Comunidad Autónoma se vio obligada a devolver 42,8 millones de euros correspondientes a las multas, además de 3,5 millones en intereses.

Pacheco aclaró que las posibles responsabilidades detectadas se circunscriben al ámbito administrativo, aunque el informe evidencia un importante perjuicio económico para las cuentas públicas. El caso ha reabierto el debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control y seguimiento de los expedientes de la Administración para evitar que errores de procedimiento terminen costando decenas de millones de euros a los contribuyentes canarios.

La devolución de estos fondos se ha convertido en uno de los asuntos más relevantes de la fiscalización de las cuentas autonómicas y vuelve a poner el foco sobre la eficacia de la gestión pública y la responsabilidad en el manejo de recursos que pertenecen a todos los canarios.